La experiencia reciente en México en torno a la promulgación de leyes sobre seguridad, acoso, violencia y convivencia escolar: una reflexión crítica, por Úrsula Zurita

[themecolor]La experiencia reciente en México en torno a la promulgación de leyes sobre seguridad, acoso, violencia y convivencia escolar: una reflexión crítica[/themecolor],

por Úrsula Zurita, Profesora-investigadora a tiempo completo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sede México.

[themecolor]La rápida promulgación de leyes y sus problemas[/themecolor]

Los últimos años en México, como en el resto de América Latina, hemos presenciado cambios profundos que han girado en torno al reconocimiento de la violencia escolar como un problema público y en consecuencia el diseño e implementación de numerosas y heterogéneas  iniciativas para su atención. Entre ellas, una de las estrategias más importantes está relacionada con la promulgación a partir del 2008 de 27 leyes dirigidas a la seguridad, el acoso, la violencia y la convivencia escolar libre de violencia. Si consideramos que México es una federación integrada por 31 estados y el Distrito Federal, entonces se comprenderá a cabalidad la magnitud de los esfuerzos legislativos que son, sin duda, una muestra de la “explosión” que ha experimentado la violencia escolar en la vida pública nacional.

Tamaulipas y Baja California son casos singulares porque aprobaron primero leyes en Seguridad Escolar en 2008 y 2012, respectivamente; y unos años más tarde (2013 y 2014) promulgaron en cada entidad leyes para prevenir la violencia escolar. Las entidades que no tienen leyes específicas en esta materia tienen adiciones y reformas en sus Leyes de Educación en donde han incorporado algunas cuestiones relativas a la prevención, atención y erradicación del acoso y violencia escolar.

Acoso escolarSi bien la promulgación de estas leyes se suma a la sensibilidad y preocupación que surgió y se extendió entre múltiples actores, sus alcances podrían ser trascendentales dado que  proponen singulares formas de atención, prevención y eliminación en la violencia escolar. Al examinar dichas leyes se observa el desconocimiento del diseño organizacional y funcionamiento del sistema educativo, las escuelas así como las múltiples acciones vigentes bajo la responsabilidad de las autoridades y los miembros de las comunidades escolares frente a los fenómenos de interés. Sin embargo, lo más grave que revelan las leyes es el desconocimiento de la violencia en las escuelas mexicanas. De entrada, las leyes provocan preguntarse por qué las y los legisladores decidieron definir al acoso escolar entre pares como el principal problema de violencia de las escuelas mexicanas, ignorando o soslayando otro de tipo de violencia entre el alumnado o, bien, entre los otros integrantes de las comunidades escolares. A éstas, se suman otras cuestiones acerca de la consistencia y la coherencia dentro y entre esas leyes que buscan impulsar la convivencia libre de violencia escolar pero se enfocan en establecer un conjunto de medidas para sancionar las conductas o comportamientos no permitidos. Asimismo, hay leyes que aunque se dirigen a la prevención y eliminación de cualquier tipo de violencia cometida entre los diversos integrantes de las comunidades escolares, sus medidas de sanción se dirigen fundamentalmente hacia las y los alumnos. Más dudas emergen cuando la necesidad de leyes como éstas se justifica por el incremento de la violencia social; no obstante, las medidas indicadas se dirigen a la violencia cara a cara entre los estudiantes sin que las otras dimensiones institucionales, culturales y estructurales que inciden en la emergencia y despliegue de dicha violencia sean objeto de alguna intervención. Menos las leyes reconocen al sistema educativo, sus normas escolares formales e informales así como los procesos autoritarios, parciales, subjetivos y discrecionales de construcción, difusión, uso y aplicación de la normatividad como una fuente importante para la producción y reproducción de varias expresiones violentas diarias en las escuelas mexicanas. Otras preguntas tienen que ver con la asignación de responsabilidades y tareas esenciales para prevenir o eliminar el acoso y la violencia escolar a una amplia gama de actores gubernamentales y no gubernamentales, educativos y no educativos; aparentemente sin criterios sólidos respecto a las configuraciones organizacionales creadas o modificadas.

[themecolor]Algunas reflexiones[/themecolor]

Frente a un escenario como éste, conviene reflexionar sobre algunos puntos. En primer lugar, la promulgación de estas leyes en tanto visibilización de la violencia escolar como un problema público constituye, según organismos como el Instituto Interamericano de Derechos Humanos o la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, una victoria de alcance histórico. Sin embargo, esta victoria corre el riesgo de evaporarse cuando se observa que sus contenidos expresan ignorancia sobre los fenómenos escolares a los que se dirigen y superficialidad en las formas en que se abordan y se toman decisiones en torno a las sanciones, por ejemplo, que de ser implementadas, podrían afectar los derechos de las niñas, niños y adolescentes como también los derechos y obligaciones de los otros integrantes de las escuelas. En segundo lugar, preocupa que la elaboración de leyes partió sin la organización previa de consultas, diálogos y debates públicos, participativos y democráticos entre diversos actores generando leyes distantes de otras acciones que van desde programas públicos y proyectos en los ámbitos educativos y escolares hasta profundas transformaciones impulsadas dentro del propio ámbito educativo como es la reforma educativa lanzada por el actual gobierno federal y otros cambios más allá del sector educativo como la reforma constitucional en materia de derechos humanos emprendida en el 2011. En tercer lugar, así como las políticas educativas implican una construcción social de la noción violencia escolar y de las maneras en que ésta se debe abordar, enfrentar, prevenir y erradicar; las leyes también construyen realidades. Pero lo hacen con referentes que implícitos y no pocas veces contradictorios sobre las múltiples causas y efectos de la violencia. Además no sustentan los cursos de acción propuestos en datos e investigaciones confiables porque hasta ahora no hay información disponible en México que permita saber cómo ha evolucionado la violencia escolar en los últimos años, cómo es hoy en día, cómo es en cierto tipo de contextos, escuelas, niveles y modalidades del servicio educativo, entre otras variables básicas. En cuarto lugar, las leyes parecen partir del supuesto de que el aumento de la violencia escolar se debe a que las escuelas carecen de normas o que las normas existentes no contribuyen a prevenirla y erradicarla. Por ello, es entendible, en cierto sentido, que en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y en los Congresos Locales haya prosperado la convicción acerca de la necesidad de contar con leyes específicas mediante las cuales se “asegurase” un conjunto de disposiciones legislativas para la atención de la violencia escolar basándose en la colaboración entre actores de diferente escala y con responsabilidades diferentes en la educación, el sistema educativo y las escuelas en torno a la violencia escolar. Sin embargo, como lo han documentado múltiples expertos sobre disciplina y gestión escolar desde décadas atrás, las escuelas cuentan con una sobre regulación y, en particular hay un amplio conjunto de normas, no necesariamente formales ni escritas, destinadas en su gran mayoría a cuestiones vinculadas con la vestimenta, higiene, apariencia, control y orden escolar, cuya utilidad no sólo es reducida sino hasta contradictoria para la prevención y eliminación de la violencia. Finalmente, la promulgación de leyes parece no haber estado articulado a las acciones institucionales de largo aliento ni parece haber sido una respuesta a los compromisos del Estado mexicano derivados de su adhesión a la Convención sobre los Derechos del Niño.

chains-19176_640Así, existen alrededor de 30 leyes que no están en sintonía con la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011 a pesar de que según establece el artículo 2º:

todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Estas leyes tampoco están armonizadas con el derecho a la educación reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en la Ley General de Educación promulgado en el marco de la reforma educativa del 2013; menos aún con la reciente Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en donde por vez primera son reconocidos como titulares de derechos y dentro de éstos se encuentra el derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal así como al derecho a la participación (fracc. VIII y XV, artículo 13, LGDNNA).

Finalmente, las leyes comentadas en este documento agudizan la desarticulación existente entre, primero, diferentes instrumentos legislativos a nivel nacional, federal y estatal relacionados con los derechos humanos en general o, bien, con ciertas leyes específicas vinculadas con los derechos de las niñas, niños y adolescentes, la educación, la vida libre de violencia, entre otras. En segundo lugar, las leyes específicas también acrecientan la desarticulación visible entre diversos instrumentos normativos de distinto estatus jurídico que rigen al sistema educativo nacional y que están abocados a estos fenómenos. En este contexto, el principal desafío es que el derecho a la educación de calidad y con equidad sea el referente esencial para la construcción de nuevas leyes, la reformulación de las existentes y, en general, para la creación de cualquier tipo de normatividad dirigida a las escuelas con el fin de impulsar la convivencia libre de violencia.

 

La autora de este artículo

Experta en leyes sobre violencia escolar en MéxicoÚrsula Zurita es Doctora en ciencia política por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 2004 es profesora-investigadora a tiempo completo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede académica México. Sus temas de investigación y publicaciones giran en torno a la educación, la ciudadanía, la democracia, los derechos humanos, las organizaciones no gubernamentales, las políticas educativas, la participación social, la violencia en las escuelas, el derecho a la educación, la interculturalidad y la educación para la vida democrática aunado a otros tópicos referentes a estudios de egresados y mundo del trabajo. Desde 2005, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

 

 

 

 

Fuente de las imágenes: Pixabay

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Isabel Iborra
Doctora en Psicología y profesora de la Universidad Católica de Valencia. Co-directora del Máster de Resolución de Conflictos en el Aula. Autora, entre otras obras, de Maltrato de Personas Mayores en la Familia en España (Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia: Serie Documentos, nº. 14, 2008)

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